1 – Introducción

Hay una razón profunda que inspira nuestros actos y palabras. Hay un propósito mayor que orienta nuestra lucha. Somos del Cauca y desde el Cauca somos de la vida y para ella. Estas palabras explican y reclaman, por eso hay que leerlas desde el corazón y compartir la rabia, el dolor, el amor por la vida y el compromiso. Ahora nombramos nuestros actos para sentir y reclamar la compañía de todos los pueblos que merecemos habitar este hogar de la Madre Tierra en libertad.

Sabemos que del afán de explotar la vida y de extraer riquezas para acumular capital sin límite ni descanso surgen las estructuras y las relaciones de las sociedades en que vivimos y que se impusieron sobre estas tierras y contra nuestros pueblos desde la llegada de los conquistadores. Las estructuras sociales, los Gobiernos las leyes y las instituciones existen para garantizar la protección y el beneficio individual y corporativo que facilita y promueve la acumulación sin límites. Este poder individual sobre la vida para transformarla en ganancia a través del egoísmo convertido en obligación y derecho sagrados, llega sin interrupciones hasta nuestros días por el camino de una historia que avanza con la globalización, la seguridad democrática y el libre comercio, desde el descubrimiento hasta la destrucción, la represión y la guerra por fases que reconocemos y que se repiten en todas partes y en todos los tiempos. Exploración, explotación, exclusión y exterminio, son los pasos que da este apetito insaciable de poder y riqueza para unos pocos. Al final, la transformación de la naturaleza en mercancías y ganancias se hace a costa de la destrucción de la vida que se va acabando.

Los pueblos indígenas sabemos, desde una memoria más profunda, desde nuestras historias mas antiguas, desde nuestras experiencias diversas, desde los recuerdos y preceptos que están inscritos en nuestras lenguas, desde nuestros usos y costumbres y sobre todo desde el dolor, el maltrato y la incomprensión, que la historia desde la conquista, la historia del capital y de quienes a su nombre lo acumulan, es un proyecto de muerte que terminara por destruir la naturaleza toda, incluida la vida de los seres humanos. Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza y bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que no deben ser. Le roban la sangre, la carne, los brazos, los hijos y la leche para establecer el poder de unos sobre la miseria de todos. Así como los que se sienten herederos de los conquistadores niegan y desconocen a la madre indígena que les dio la vida, así mismo, quienes aceptan la propiedad privada de la tierra para ser explotada por intereses particulares, se niegan a defender la libertad colectiva y el derecho a la vida. Pero nosotros decimos, mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad.

Por eso vamos a seguir recuperando las tierras. Por eso vamos a dejarla en libertad para convivir en ella y para defender la vida. Por eso, luchar por la tierra no es un problema ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la vida. Porque solo en la lucha para poner en libertad a nuestra madre recuperamos la dignidad, alcanzamos la justicia y la equidad, y caminamos la palabra que defiende la vida. Seguiremos coordinando, haciendo las alianzas estratégicas y llamando desde las palabras convertidas en acción en el espíritu de la comunidad a despertar las conciencias y a recuperar la Madre Tierra para ser libres. Desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos ancestrales arraigados en estas tierras del Cauca, hacemos lo que nos corresponde por la tierra y por la vida, luchamos por la tierra y por la vida y en ese camino, la recuperamos, transformamos el derecho de propiedad para que sea colectivo y convocamos las conciencias a caminar palabras de libertad.

 

2 – Antecedentes

Los pueblos indígenas hemos habitado el continente Americano desde tiempos inmemoriales en constante proceso de construcción colectiva y proyección cultural, social, política y económica. Tal proceso sufrió una abrupta interrupción con la llegada de los españoles en 1492, y desde entonces, por más de cinco siglos hemos sido víctimas de colonización, esclavitud, discriminación, genocidio, violencia, desplazamiento y estigmatización. La conquista, la colonia y aun la vida republicana, han sido largos años de ambición, arrogancia, prepotencia, individualismo e injusticia padecida por los pueblos indígenas. Se nos dio trato de infla-humanos, de menos humanos, de seres sin alma ni razón, merecedores únicamente de los tormentos reservados para los herejes. Ah, pero eso sí, se aseguraron el despojo de nuestras riquezas y aún querían nuestras almas, nuestras risas y nuestros pensamientos. La cruz, la espada y luego las balas, fueron los símbolos e instrumentos que sirvieron para diezmar a los verdaderos dueños de América y cuando menos por dos siglos, nuestros metales preciosos fueron el combustible que movió el desarrollo europeo.

Desde entonces, la resistencia indígena en el continente americano se ha convertido en un instrumento de preservación y lucha por nuestra existencia como pueblos, acudiendo al pensamiento ancestral para consolidar formas propias de gobierno, fundadas en la cosmovisión y cultura propia.

La resistencia del pueblo Nasa frente a todas estas formas de sometimiento se inicia en el año 1535, cuando la Cacica GAITANA, logra acuerdos con los demás pueblos para confrontar al invasor de una manera material y espiritual. Esto mostró que no sería fácil someter a este pueblo henchido de razón por la propiedad territorial, que se levanta para exigir respeto, justicia y verdad, principios básicos que rigen las relaciones entre los pueblos.

Más tarde, en el año 1700, los caciques Juan Tama de la Estrella y Manuel de Quilo y Ciclos, emprenden otra época de lucha y resistencia, utilizando el diálogo y las alianzas como estrategia de lucha. De esta forma, logran que el Rey de España Felipe II, otorgue en 1771 títulos coloniales en los que declara la existencia de los primeros resguardos, reconocidos luego en la legislación Colombiana por el propio Libertador Simón Bolívar.

Ya en la era republicana y después de que nuestros pueblos aportaron buena parte de los ejércitos patriotas, se desconocieron los títulos coloniales, declarando los resguardos como tierras baldías, dando origen a la recolonización de nuestros territorios, apropiados ahora por descendientes de españoles que sin considerar nuestra presencia encerraron grandes extensiones de tierra y apoyados por leyes nacionales nos convirtieron en terrajeros (impuesto que se le pagaba al hacendado, en trabajo, que obligaba a toda la familia indígena). Así, nos despojaron de las mejores tierras en la parte plana y constituyeron sus grandes haciendas. Los que no aceptamos la sumisión como único destino, tuvimos que huir a las cordilleras en las que habitamos actualmente. Pero muchos de nuestros hermanos fueron asesinados y por tal motivo, hoy somos una minoría en este país.

Ante tanta ignominia, surge el gran líder Manuel Quintín Lame (1883-1967), quien en su trabajo de concientización recorre buena parte de los departamentos de Cauca, Tolima y Huila, invitando a los pueblos indígenas a no pagar el terraje y por el contrario, retomar las luchas de nuestros antepasados y rescatar la cultura y el derecho propio de los nativos de este continente. Visitó familia por familia advirtiendo que los «pueblos indígenas estábamos en esos territorios antes que el blanco, lo que hemos hecho es darle posada en nuestra casa y en vez de nosotros cobrarle el arriendo, él nos lo cobra. Por tal motivo, no más pago de terraje». De esta manera, Quintín Lame logra realizar los más grandes levantamientos indígenas de la época, motivo que desató feroz persecución por parte de los jefes liberales y conservadores, al punto de haber sido encarcelado en 108 ocasiones.

El esfuerzo de Quintín Lame despertó la conciencia e identidad indígena, por lo que de manera clandestina(1) continuaron las reuniones en diferentes sitios del Cauca, se consolidaron alianzas especialmente con la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC, y todo ello posibilitó el surgimiento del CRIC en 1.971, en el municipio resguardo de Toribio, con una plataforma de lucha tan clara, que aún en nuestros días encuentra absoluta validez.

Para llegar a este proceso se compartieron experiencias con el sector campesino, liderado por Gustavo Mejía, el padre Pedro León Rodríguez, Enrique Soler y Jairo Gamboa, quienes desde la ANUC impulsaron las primeras luchas por la tierra, bandera que el CRIC asumió en su plataforma. De este esfuerzo surgieron otros líderes como Avelino Ul y Benjamín Dindicue, entre otros, quienes ofrendaron su vida para que nosotros aún existamos.

Así, TIERRA, UNIDAD, CULTURA Y AUTONOMÍA, son los principios que explican y justifican el surgimiento del CRIC, cuya plataforma de lucha es la siguiente:

1. Recuperación de las tierras de los resguardos.
2. Ampliación de los resguardos.
3. Fortalecimiento de los cabildos indígenas.
4. No pago de terraje.
5. Conocer las leyes y exigir su justa aplicación.
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres.
7. Formar profesores indígenas para que eduquen de acuerdo a la situación indígena.
8. Impulsar las organizaciones económicas comunitarias(2).
9. Fortalecer y preservar los recursos naturales.
10. Reorganizar la familia nasa según requerimientos del plan de vida.

La lucha indígena del Cauca sirvió de base para que en el resto del país los demás pueblos también impulsaran sus reivindicaciones y esta nueva dinámica llevó a que en 1.985 se creara la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la que comenzó a trabajar con la siguiente plataforma:

1. Defensa de la autonomía indígena.
2. Defensa de los territorios indígenas, recuperación de las tierras usurpadas y la propiedad colectiva de los resguardos.
3. Control de los recursos naturales situados en los territorios indígenas.
4. Impulso a las organizaciones económicas y comunitarias.
5. Defensa de la historia, cultura y tradiciones indígenas.
6. Educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas.
7. Recuperación e impulso de la medicina indígena y exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades indígenas.
8. Exigir la aplicación de la ley 89 de 1890 y demás disposiciones legales favorables a los indígenas.
9. Solidaridad con las luchas de todos los pueblos explotados y oprimidos.

Ya en los años 80 se inicia en la Zona Norte del departamento del Cauca, una nueva dinámica de trabajo al interior de las comunidades, con el nacimiento de los PROYECTOS COMUNITARIOS promovidos por el sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocue, asesinado por los terratenientes el 10 de noviembre de 1984 en Santander de Quilichao, sólo porque reclamaba nuestros derechos, siendo éste uno más de los miles de crímenes que siguen en la más absoluta impunidad. El padre Álvaro emprendió una ardua lucha para hacer que los indígenas no se avergonzaran de serlo, que recuperaran su lengua, su cultura, su cosmovisión y que se sintieran orgullosos de ser indígenas. Sólo así, se tendría la posibilidad se construir una vida digna y un porvenir con menos injusticias. En tal contexto es que nacen los PROYECTOS COMUNITARIOS como mecanismos de análisis y reflexión de lo comunitario y de proyección de un plan de vida integral para las comunidades en aspectos tales como educación, salud, economía, ambiente, territorio, cultura, gobierno propio, justicia y sistema político propio. De este modo se han logrado consolidar en la zona norte del Cauca, los siguientes proyectos comunitarios:

• Proyecto Nasa Toribio, Tacueyo y San Francisco, año 1980.
• Proyecto Global Municipio de Jambaló, año 1987.
• Proyecto Unidad Paez, Municipio de Miranda, año 1990.
• Proyecto Integral, Resguardo de Huellas Municipio de Caloto, año 1990.
• Proyecto Cxacxawala, Municipio de Corinto, año 1991.
• Proyecto Yu’lucx, Municipio de Santander de Quilichao, año 1991.
• Proyecto Sat Fxine Kiwe, Municipio de Buenos Aires, año 2002.

Con el avance de esta dinámica comunitaria y con los logros y reconocimientos alcanzados en la Constitución de 1991, nace en 1994 la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, como una entidad de carácter especial cuyo propósito es la coordinación y fortalecimiento del proceso organizativo y la gestión y defensa de los derechos e intereses de las comunidades indígenas Nasa que habitamos estos territorios.

 

3 – Marco Normativo

La Constitución Política de 1991 reconoció por primera vez que Colombia es un Estado Pluriétnico y Multicultural, razón por la que se consagraron derechos especialísimos para los grupos étnicos diferenciados, entre los que se cuentan las comunidades indígenas. En tal sentido, los pueblos indígenas, además de ser titulares de los derechos que se reconocen a la totalidad de la población colombiana, gozamos de derechos especiales tales como el derecho a tener territorios colectivos, a nuestra cultura, cosmovisión, autonomía, jurisdicción y gobierno propios. También gozamos de los derechos consagrados en el acuerdo 169 de la OIT, adoptado como legislación interna mediante ley 21 de 1991, instrumento internacional que obliga al Estado a brindar especial atención a la promoción y garantía de los derechos de estas comunidades, a consultarles toda decisión o política pública, legislativa y de desarrollo que de alguna manera nos afecte y a respetar y hacer efectiva la autonomía de nuestros pueblos.

Este marco normativo ha sido complementado a través de reiterada jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, en la que se ha defendido y consolidado la autonomía y los derechos especiales de las comunidades indígenas.

No obstante lo anterior, la realización efectiva de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas ha encontrado múltiples e insalvables escollos. Pero especialmente, no ha existido voluntad por parte de los sucesivos gobiernos para emprender las acciones reales que lleven a la superación de las precarias condiciones de vida que aún soportamos los pueblos indígenas. Se evidencia una gran distancia entre las normas constitucionales y legales que reconocen derechos y las políticas gubernamentales que procuran su realización; hay un inmenso abismo entre las normas escritas y la realidad.

Más aún, en vez de ampliar las garantías para la realización de los derechos, se dan iniciativas legislativas para desmontar las normas que los reconocen. Esto se constata con especial claridad en el actual gobierno, el que con el afán de entregar los recursos nacionales a la avidez del capital internacional, ha emprendido una serie de reformas constitucionales y legales que en conjunto significan el desmonte del Estado Social de Derecho, la implementación del ALCA sin haberse siquiera firmado y el desconocimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado Colombiano.

Lo anterior se puede constatar con una simple mirada a los proyectos de ley forestal, de aguas, de páramos, al proyecto de ley de presupuesto, orgánica de ordenamiento territorial, la reforma tributaria y la reforma constitucional que busca recortar las transferencias a las regiones. En fin, de conjunto puede observarse cómo se emprende una adecuación institucional para implementar el ALCA, tanto que cuando se firme, ya no habrá discusión para su aprobación en el Congreso, pues éste ya lo habrá aprobado por anticipado con toda esta suerte de iniciativas.

En fin, avanzamos tiempos muy difíciles para nuestros derechos, con un gobierno demasiado adverso a los intereses de los colombianos en general y a los de los pueblos indígenas en particular. Por ello, a los desastres de la guerra también sumamos las decisiones políticas que pretenden acabar no sólo con nuestros derechos, sino con nuestra existencia misma, escenario en el que tal vez sólo tenga sentido la movilización social y la solidaridad nacional e internacional con nuestros pueblos, sus demandas y sus sueños.

 

4 – La situación del Pueblo Nasa en la Zona Norte del Departamento del Cauca

Las comunidades indígenas Nasa que habitamos la zona norte del departamento del Cauca, ascendemos a 110 mil habitantes asentados en un territorio de 193.370 hectáreas, con una topografía bastante quebrada por encontrarse en las estribaciones de la cordillera central y frente a la cordillera occidental. En tiempos pasados habitamos el territorio del Valle del Cauca pero la colonización española y criolla nos obligó a huir. Sin embargo, el despojo más sensible se produjo durante la denominada época de la violencia (1948), pues se nos usurpó nuestra tierra y tuvimos que huir a territorios menos fértiles, con graves problemas de productividad y acceso.

De las tierras que habitamos, un 82% son de vocación forestal y un 18% constituyen zonas de páramos. Su inclinación en buena parte supera los 35%, mientras que la altitud va desde los 1200 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar. Nuestro territorio es una inmensa fuente de agua, pues hemos identificado 26.200 nacimientos provenientes de 123 lagunas naturales, las que siempre hemos cuidado y preservado y ahora el gobierno pretende convertirnos en guardabosques, pero sin contraprestación alguna en materia de soberanía alimentaria, por el contrario, la amenaza de contaminación de este gran depósito de agua siempre es latente a través de las fumigaciones, so pretexto de control a los cultivos ilícitos.

Tan sólo un 12% del total de los territorios de los Resguardos es apto para la producción pecuaria y de alimentos, sin tener a dónde ampliar la frontera agrícola debido a que son zonas de conservación para la producción de agua.

Con el agua que hemos conservado a través del tiempo, es que se produce en esta región el 30% del azúcar que exporta el país, beneficios que solamente reciben los propietarios de los ingenios azucareros de la zona. Con este recurso hídrico también se mantiene el 90% de las industrias del Valle y del Cauca, al tiempo que se surten 217 acueductos veredales, ínterveredales y regionales. También se alimenta la represa hidroeléctrica de la Salvajina, sustento del desarrollo regional, lo mismo que el río Cauca, con toda la importancia que esta arteria fluvial tiene para el país.

Los grandes empresarios y terratenientes que se benefician del agua, no han retribuido ningún recurso que recompense la conservación y posibilite formas de vida digna para las comunidades y hasta las contribuciones que por ley deben hacer, se las gastan sin contar para nada con los procesos organizativos y con las comunidades que a través de la historia hemos cuidado de la naturaleza.

Nuestra situación de pobreza es tal que el 56% de los niños padecen hambre y desnutrición constante y de las 25.000 familias que ocupan nuestro territorio, más de 6.000 no tenemos tierras para producir y garantizar nuestros alimentos. Mientras tanto, los beneficios sociales que pueden ofrecer la agroindustria o la ganadería extensiva son demasiado exiguos, pues la tecnificación de estas actividades hace que cada vez demanden menos mano de obra, por lo que la desocupación crece y el empobrecimiento también, al lado de procesos de concentración de la riqueza y de la tierra que resultan realmente ofensivos.

Por cada hectárea utilizada en ganadería, sólo se produce un empleo, mientras que cada hectárea destinada a la producción mecanizada del azúcar, sólo genera dos empleos. Además, el 70% de las industrias están exoneradas del pago de impuestos, al tiempo que los tributos municipales en los últimos diez años, se han reducido en más de la mitad y quienes se benefician con estos recursos son siempre los protagonistas de los manejos politiqueros y las corruptelas locales.

La ley 218 de 1994 conocida como Ley Paez y con la que se quería dar respuesta a la grave situación social del pueblo Nasa luego de la avalancha del río Paez, en Toez Tierradentro, no generó un sólo beneficio para los las comunidades indígenas o afro colombianas. Por el contrario, quienes se beneficiaron a gran escala fueron los ricos e industriales que vieron cómo se incrementaron sus ingresos gracias a la exención de impuestos de que gozaron.

Es claro que las tierras planas de clima cálido producen tres veces más que las altas y de ladera, necesitándose menos insumos y por ende, disminuyendo los costos. Si contáramos con este tipo de tierras, aseguraríamos la producción de alimentos y existiría menos riesgo de atentar contra los bancos de agua.

Pero al hecho de no contar con tierras aptas para la producción de alimentos, se suma la situación de guerra e inseguridad permanente en que vivimos las comunidades, situación que se ha agravado sensiblemente con la implementación del Plan Colombia, Plan Patriota y la política de seguridad democrática del actual gobierno. No solamente sufrimos las consecuencias de la guerra, sino que se nos victimiza y además se nos señala y estigmatiza por los gobiernos nacional y departamental, y también, por las cúpulas y altos mandos militares. Esta situación nos coloca en alto riesgo y cuando se da una confrontación armada entre los actores del conflicto, nos vemos obligados a abandonar nuestras parcelas y cultivos, y a pasar largos períodos sin alimentos.

Todo lo anterior obliga a pensar en una política pública tendiente a garantizar tierras aptas para la producción de alimentos, al tiempo que se invierta en la conservación de las fuentes hídricas. En fin, las posibilidades de un desarrollo integral y sostenible para las comunidades rurales y urbanas, esto debe pasar por la implementación de una verdadera reforma social agraria, que privilegie la vida con dignidad y no la acumulación irracional de capital.

 

5 – Nos ombligamos con la tierra

Como se ha consignado en los apartes anteriores, la solución a los grandes problemas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, tiene nombre de reforma agraria, pues de acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República (3), «la Reforma Agraria en el país, después de 42 años de su gestión, no cumplió con el propósito de redistribución de la tierra, pues ha sido de tipo marginal, dado su mayor énfasis sobre la colonización de territorios baldíos en la periferia y después de 42 años, la Reforma Agraria sólo ha beneficiado el 11.0% de las familias potenciales estimadas por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola-CIDA a principios de los años 60, calculadas en 961.000».

En todas las sociedades, la reforma agraria ha sido el soporte del desarrollo rural y el mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, sin embargo, en nuestro caso no ha contribuido a tal mejoramiento y las distintas leyes aprobadas se han movido, según dice la Contraloría, en un proceso de avance-retroceso, en tanto cada ley, con una iniciativa clara de reforma agraria, fue alternada con una ley de contrarreforma.

Así sucedió por ejemplo con la ley 200 de 1936, desmontada con la 100 de 1944 y más tarde, la ley 135 de 1961 que creó el INCORA, incumplida sucesivamente y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 1973.

Queda entonces claro que en Colombia nunca ha existido la voluntad de realizar una reforma agraria, pues arrastramos toda una tradición colonial en donde la propiedad de la tierra sigue siendo un signo de prestancia social, de status y poder. La tierra en Colombia está en manos de la clase alta, de los políticos y últimamente de los narcotraficantes y paramilitares.

Lo más terrible es que sin haberse hecho reforma agraria, lo que sí se logró en los últimos años fue una contrarreforma agraria, según dice la Contraloría. Pero para ser precisos, no puede contra reformarse lo que nunca se reformó y por ello, lo que realmente existe, es una mayor concentración de la propiedad de la tierra, a través de la violencia y del lavado de activos producto del narcotráfico.

En efecto, la Contraloría en su informe, expresa que «mediante la compra o apropiación indebida de tierras -alrededor de un millón de hectáreas- por narcotraficantes y grupos armados ilegales en los últimos 20 años se ha realizado la más aberrante concentración de la tierra en el país. Una auténtica contrarreforma agraria. Los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 62% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del área. Según el PNUD y el DNE los narcotraficantes compraron tierras en 409 de los 1.039 municipios del país. Los casos más dramáticos son el del Valle, en donde este tipo de compra de tierras ascendió a 85,/%; Córdoba, 84%; Quindío, 75%; Risaralda, 71,4%, y Antioquia, 70,9% (4)».

Las cifras anteriores simplemente hacen palidecer las promesas del actual gobierno, pues cabe recordar que prometió para el cuatrienio la entrega de 200 mil hectáreas, de las que apenas se han adjudicado alrededor de 5 mil, esto es, menos del 5%. Las promesas gubernamentales se fundamentaban en la aplicación de la figura de la extinción de dominio, que como es de público conocimiento, tampoco ha funcionado.

Lo que se ha consolidando en muchas regiones, es una verdadera alianza criminal entre narcotraficantes, terratenientes, políticos y paramilitares, que han logrado variar radicalmente el mapa de la tenencia de la tierra en el país. En esta dinámica, nuevamente fuimos derrotados los indígenas, campesinos y afro colombianos y entre todos ellos, pueden contar en la última década, una cifra cercana a los tres millones 500 mil desplazados y despojados de sus tierras, frente a la más grosera omisión estatal y una evidente indolencia social.

Las comunidades indígenas del norte del Cauca hemos sufrido en carne propia la más aberrante violencia. El 16 de diciembre de 1991, en la finca El Nilo, ubicada en el Resguardo de Huellas Caloto, fueron masacrados 20 indígenas entre adultos, jóvenes y niños, por parte de narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública. Este caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que el Estado Colombiano tuvo que reconocer su responsabilidad y a modo de reparación, se comprometió a entregar 15.663 hectáreas de tierra plana en tres años (1992 a 1994), las que debían ser adjudicadas a nueve parcialidades de las comunidades indígenas del Norte del Cauca, de las cuales a la fecha y después de 14 años, apenas se ha adjudicado el 50% pero en zona de ladera y con una erosión severa que requiere para la recuperación del suelo, una inversión de por lo menos $ 4.500.000 por hectárea para lograr que sean productivas.

Se cuentan también otras masacres y desplazamientos como la ocurrida en la región del Naya en abril de 2001, donde los paramilitares asesinaron a más de 100 personas entre indígenas, campesinos y afro descendientes, al tiempo que desplazaron a más de mil pobladores; la masacre de 13 personas entre indígenas y campesinos en el 2001 en Gualanday, municipio de Corinto, Cauca y la masacre ocurrida en los Uvos. De igual modo, hemos soportado las tomas de pueblos y la reciente escalada del conflicto armado en los municipios de Toribío, Jambaló y Caldono en el Nororiente del Cauca, lo que ha servido como justificación para las detenciones masivas y las judicializaciones sin prueba alguna, hechos que se han presentado en distintas regiones del país como San José de Apartado, Putumayo y Caquetá, entre otras.

Resulta claro que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos y no entrega buenas tierras con la excusa de estar muy costosas, mientras nuestra situación social, el hambre y la desnutrición, avanzan de manera alarmante. Pero tampoco ha cumplido con los compromisos derivados del decreto 982, emitido para responder precisamente a la emergencia económica, política y social de las comunidades del Departamento del Cauca. Allí se consignaron los mecanismos para atender las necesidades básicas insatisfechas represadas durante muchos años, erradicar la tuberculosis y elevar el promedio de vida de los pueblos indígenas que apenas es de 40 años. El gobierno igualmente ha incumplido los acuerdos celebrados con los campesinos del municipio de Suárez, quienes perdieron sus parcelas con la construcción de la represa de Salvajina, incumplimiento al que se suma el cambio del curso del río Ovejas, con las devastadoras consecuencias que tal hecho tendrá para el ecosistema de la región.

 

6 – Nuestra demanda es por tierra, nuestra exigencia es dignidad y respeto por nuestro territorio

Hoy nos movemos entre sueños y esperanzas, crisis y conflictos. Somos pueblos que continuamos en resistencia. Hemos atravesado un largo camino y acumulamos siglos de lucha que nos han permitido defender el territorio. Pero aún estamos sometidos por la arrogancia, el egoísmo, la ignorancia y el irrespeto disfrazado de distintas maneras. Han caído sobre nosotros con mentiras y engaños, con el poder de las armas, con normas y leyes que nos traen miseria, explotación, dolor, sometimiento y muerte. Por eso debemos echar mano de nuestras raíces y sabiduría colectiva ancestral, para realizar nuestros compromisos de sembrar, proteger y abrir caminos de vida digna.

Hoy soportamos la imposición de un proyecto de muerte llamado GLOBALIZACIÓN, que no respeta fronteras, llega a todos los rincones del mundo y está en nuestros hogares. Tal proyecto impulsa la guerra, trae propaganda y difunde mentiras, leyes injustas y la acumulación de dinero como el único destino posible. Expresa su avidez por los recursos de la naturaleza y por el trabajo de la gente, para incrementar los niveles de extracción y explotación. Es un proyecto que se presenta como inevitable y convierte al ser humano, a la naturaleza y a la vida, en un artículo de cambio, en una mercancía. Y para imponerse construye poderosos ejércitos que hacen la guerra a los pueblos, los masacran y desplazan.

Somos conscientes que los conflictos internos que soportamos y las crisis de identidad que se nos presentan, son producto de la implementación de políticas dirigidas a tal propósito. Se nos imponen ideologías y con la guerra, se nos mata en nombre de la paz, mientras los poderosos del mundo, del país y de nuestra región, se benefician de tales injusticias, frente a lo cual, se impone la necesidad, como ayer, de alistar nuestros mejores esfuerzos para empezar a cambiar el curso de los acontecimientos, para realizar efectivamente la autonomía como pueblos.

 

7 – Nuestras Razones de vida

Hemos caminado por muchos años y seguimos caminando, pero también hemos caminado la palabra con la que hemos hecho acuerdos que se nos han incumplido. Hemos elevado exigencias para que se nos respeten los derechos, para que los gobiernos cumplan sus deberes, pero se han mostrado insolentes, cínicos y prepotentes. Hemos soportado muchas injusticias y las seguimos sufriendo, pero ya estamos cansados. Nuestros cuerpos, espíritus y deidades nos exigen otras acciones. Nuestra descendencia aguarda la realización de acciones que honren la palabra y los compromisos incumplidos. Por ello, aquí estamos, en esta cita con la historia para realizar nuestro destino, para abrazar a nuestra madre tierra, pues para defenderla, nos sobran razones:

 

1. Porque somos parte de la tierra, a ella le pertenecemos y debemos nuestra existencia, y antes que colombianos, somos originarios de estos territorios y esa es nuestra razón de ser y existir.
2. Porque somos los cuidadores y protectores de las lagunas, paramos, ríos bosques, biodiversidad y demás recursos necesarios para la vida de los pueblos, en esta generación y para el futuro.
3. Porque vivimos y guardamos la memoria de los 20 hermanos masacrados el 16 de diciembre de 1991, en la finca El Nilo, los más de 100 del Naya y los 13 en Gualanday, Corinto.
4. Porque los gobiernos han incumplido reiteradamente los acuerdos firmados con los pueblos indígenas, campesinos y demás pobres de Colombia.
5. Porque en Colombia nunca ha existido una reforma agraria para indígenas y campesinos, por el contrario, el desconocimiento de las leyes aprobadas con tal propósito, ha configurado una verdadera contrarreforma agraria y ha exacerbado el despojo y la concentración violenta de su tenencia.
6. Porque la tierra sigue en extremo concentrada en unos pocos privilegiados a costa de la miseria y padecimiento de las grandes mayorías.
7. Porque nuestras tierras son erosionadas, de vocación forestal y depósitos de agua, fuente de vida para los pueblos y recurso vital para la agroindustria de Cauca y Valle.
8. Porque necesitamos tierras aptas para mejorar nuestra economía, garantizar nuestra existencia y crear mercados solidarios que conduzcan a la soberanía alimentaría y a la superación de la violencia que soportan nuestros pueblos.
9. Porque la vida, la historia y nuestra gente, reclaman nuestro concurso en la recuperación de lo que es nuestro, de lo propio y de lo que se nos ha despojado.

Es el tiempo de liberar nuestros territorios, pues no sólo los nuestros, sino los de los campesinos y afro descendientes, los han convertido en grandes campos de batalla, en escenarios de una guerra que se realiza para propiciar el desplazamiento y desalojar los territorios para que las multinacionales desarrollen megaproyectos.

Finalmente, queremos invitar a todos nuestros hermanos que han sido desplazados para que vuelvan a sus tierras, ya es hora de regresar. Pero también invitamos al pueblo colombiano en general, a luchar por la realización efectiva de la reforma agraria, si es que aspiramos algún día, dejar a las próximas generaciones un país más justo, incluyente y equitativo. De lo contrario, muchas guerras y muchos años de sufrimientos seguirán siendo el destino de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Reflexionen y advertirán, que muchas violencias, sino es que todas, cuando no han comenzado, han terminado en el campo, en la lucha por la tierra, y la que hoy padecemos, no es la excepción. Ya es hora de superar tanta injusticia y tanto odioso privilegio.

Debemos seguir caminando sobre la huella de nuestros mayores 
porque hoy nos corresponde dejar un sendero para que nuestros hijos
puedan seguir caminando con libertad el territorio porque la libertad
del territorio es el nacimiento de la libertad de los pueblos.

Convocan a esta gran minga por la vida, la libertad de los territorios y de los pueblos

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA, CRIC

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, ACIN

ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC

SEPTIEMBRE DE 2005

 

***

(1) Se habla de reuniones clandestinas dado que la Constitución de 1886 no nos reconocía como ciudadanos, por el contrario, nos daba trato de salvajes. Cabe recordar que sólo en el año 1991, con el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente es que se nos reconoce como a pueblos con identidad propia, autonomía y con plenos derechos sobre nuestros territorios.

(2) Los últimos tres puntos fueron incluidos en Congresos posteriores, atendiendo la dinámica del proceso asumido por las comunidades.

(3) Informe de la Contraloría General de la República, Los Narcotraficantes realizan gigantesca contra reforma agraria, Oficina del Vicecontralor, Bogotá, junio 9 de 2005.

(4) Ibidem.